El sistema penal acusatorio y la función policial

El sistema penal acusatorio es de los más antiguos de la humanidad. Hacia el siglo V a.C, en el Tribunal de Areópago se juzgaban los delitos políticos; mientras que en el Tribunal de los Heliastas, se procesaban los delitos comunes, en juicios públicos, con jurados, bajo el principio de contradicción entre víctima y acusado. El Areópago quizá fue el más famoso, tal vez se deba a que en él se celebró uno de los juicios más célebres de la historia: el de Sócrates, en el año 399 a.C. Durante el siglo XVI, en el palacio inquisitorial [siendo éste el más oscuro para el derecho penal], dentro del procedimiento se obligaba al acusado a través de la tortura, a confesar un delito que no cometió, se daba vista de las pruebas que había en su contra momentos antes de dictar sentencia, y desde luego era condenatorio. A nivel Constitucional en 1856, el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, ya hablaba de la autoridad política; en 1857, la Constitución Federal hablaba de la figura del Procurador y Fiscal; ya para 1917, la propia Constitución hace la separación del Ministerio Público. En la década de 1960 prevaleció la habilidad y sagacidad del delincuente para cometer delitos. En las décadas de 1970 y 1980, la delincuencia ya se concentraba en tres ciudades y dos tipos de delitos. Ya en las décadas de 1980 a 1990, los delitos se incrementaron [clima de inseguridad y violencia que México enfrentó]. A finales del siglo XX se manifiesta la presencia de la delincuencia organizada, que prevalece hoy en día. Al igual que en las últimas décadas del último siglo y en las primeras de lo que va de éste, se habla de una crisis en el derecho penal, debido al incremento de la delincuencia organizada en toda la república mexicana, que incluso ha permeado no sólo a las instituciones de seguridad públicas, incluyendo desde luego a la Procuraduría General de la República [Fiscalía General de la República], y a las Procuradurías o Fiscalías de cada entidad federativa, sino además, a altos funcionarios de casi todas las dependencias federales y estatales, siendo ésta la razón principal de ese clima de inseguridad. Los cambios venideros en el sistema de justicia penal mexicano no se limitan al establecimiento de un nuevo procedimiento que tiende a abandonar lo escrito y, a cobijar la interacción sin intermediarios y en forma concentrada de las partes litigiosas con el juez. La reforma va más allá, representa la demolición de los paradigmas que hasta hoy le han dado sustento a la manera de aplicar el derecho penal. El nuevo proceso tiene como eje central el esclarecimiento de los hechos proteger el inocente, procurar que el culpable no quede impune y, que los daños causados por la conducta delictiva sean reparados de manera directa y con plenitud.